Muchos son los nudos que la sociedad chilena todavía está tratando de deshacer, a más de 27 años del término de la dictadura de Pinochet, que se empeñó en dejarlo todo "atado y bien atado". El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ha emprendido, con mayor o menor fortuna, la reforma de estructuras pinochetistas en diversos campos, como la educación o el sistema electoral. En todos ha habido polémica, pero en ninguno esta alcanza los ribetes emocionales del debate sobre la despenalización del aborto, bajo tres causales, que volvió a encender ahora la discusión en el Senado.

 

El aborto terapéutico, aceptado por la legislación chilena desde 1931, fue suprimido en las postrimerías de la dictadura, en 1989. Desde entonces, Chile se cuenta entre los pocos países de la región con una prohibición absoluta. Eso no quiere decir que las interrupciones inducidas de embarazos no tengan lugar. El Ministerio de Salud las estima en encerca de 33.000 casos anuales. Las estimaciones de otros organismos, como el Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, duplican esa cifra. No hay claridad plena acerca de los números, pero sí en cuanto a que se trata de un problema real. Y en que constituye un riesgo, incluso vital, sobre todo para las mujeres de los sectores más pobres.

 

Según una encuesta de Adimark, de 2014, el 73 por ciento de los chilenos está de acuerdo con la despenalización del aborto en los tres casos que ha propuesto el gobierno: cuando haya  riesgo de vida para la madre, inviabilidad fetal y cuando el embrazo sea producto de una violación. Pero en la arena política el panorama es más complejo. Incluso dentro de la coalición gobernante, la Nueva Mayoría.

 

Sobre todo en uno de los partidos integrantes, el Demócrata Cristiano, ha quedado en evidencia la resistencia de algunos sectores a "desatar" este nudo de la legislación heredada de la dictadura. No ha sido el único punto de fricción de políticos demócratacristianos con sus compañeros de gobierno; en el último tiempo las diferencias se han ido acentuando al punto de que la DC ha decidido presentar a su propia candidata presidencial, desenmarcándose de la alianza de centro-izquierda, por lo menos para la primera vuelta electoral del próximo mes de noviembre.

 

En el sector conservador, en tanto, parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) han intentado movilizar la resistencia al proyecto de ley presentado en 2015 por el Gobierno de Bachelet, y manifestaron hace unas semanas incluso la esperanza de que el Papa Francisco se pronuncie en contra cuando visite Chile, en enero de 2018.

 

Pero, pese al claro rechazo de la Iglesia católica a la despenalización del embarazo, el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, ya ha subrayado que el Pontífice llegará al país "como pastor, no como político". Y el propio Francisco –sin dejar de considerar el aborto como un pecado grave-  se encargó de marcar un nuevo matiz el año pasado, cuando autorizó a los sacerdotes a impartir la absolución en estos casos, sin tener que pedir la venia episcopal.

 

Muchos han visto en ello una señal de generosidad, similar a la emitida por el Papa con respecto a los homosexuales. Pero hay sectores de la sociedad que todavía no han avanzado tanto como el Pontífice y quisieran mantener al país entre aquellos con las legislaciones más restrictivas del mundo en la materia, desoyendo las exhortaciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que instó en mayo a Chile a aprobar la ley que despenaliza el aborto en las citadas tres causales.