Artistas cubanos y activistas internacionales de derechos humanos están presionando al gobierno para que revise una ley que entrará en vigor en diciembre, la que temen que obstaculice la creatividad y agrave la censura en la isla de gobernada por el Partido Comunista.

El decreto, publicado en julio, prohíbe a los artistas, ya sean músicos o pintores, "proveer sus servicios" en cualquier espacio abierto al público, incluyendo espacios privados, sin autorización previa del gobierno.

La medida actualiza un decreto redactado antes de las reformas de mercado lanzadas en 2010 por el expresidente Raúl Castro, que requiere que los artistas sólo reciban aprobación para trabajar en espacios controlados por el Estado.

Desde entonces, el gobierno había tolerado que los artistas presenten independientemente su obra en espacios privados, como parte de una mayor apertura económica, social y política.

Una mayor autonomía para los artistas cubanos, gracias a un mejor acceso a internet y libertad para viajar, llevó a un florecimiento de la actividad cultural. Los estudios independientes de grabación y las galerías de arte han proliferado.

Pero esa autonomía ha vuelto más difícil para el Estado de un partido único asegurar que los artistas paguen impuestos -muchos no lo hacen- y controlar el sector cultural, que ha promovido fuertemente desde la revolución de 1959.

Algunos artistas independientes están preocupados de que no puedan obtener aprobación estatal debido a obstáculos burocráticos y porque el decreto les privará de su medio de vida.

"Nunca pensé en emigrar pero ahora lo estoy haciendo", dijo Luis Puerta, quien ha estado manteniendo a su familia de cuatro integrantes vendiendo de forma privada sus estilizadas pinturas de músicos de jazz.

Otros están convencidos de que el decreto está destinado a silenciarlos.

"Esta es una medida de represión porque no tendrás la aprobación del gobierno si no estás dentro de la ideología socialista", dijo el artista de performance, escultor y autollamado "activista" Luis Manuel Otero Alcántara.

En un país que castiga el disenso público, Otero Alcántara ha liderado una inusual campaña contra la medida, conocida como Decreto 349, de docenas de artistas que trabajan fuera de instituciones estatales.

Juntos han inundado las redes sociales con eslóganes como "La ley convierte el arte en un crimen", han organizado muestras artísticas y musicales de protesta y enviado cartas a las autoridades.

Amnistía Internacional ha respaldado su campaña, diciendo que el Decreto 349 -uno de los primeros en ser firmados por el presidente Miguel Díaz-Canel desde que asumió el cargo en abril- es una "perspectiva distópica" para los artistas de Cuba.

La Unión Europea también ha expresado preocupación en conversaciones con Cuba sobre derechos humanos este mes en La Habana.

El gobierno cubano no respondió a un pedido de comentarios. Analistas de medios estatales han dicho que el Decreto 249 busca evitar la evasión fiscal y la proliferación de una pseudocultura de mal gusto o que busque "incitar el desorden público".

¿UN NUEVO PERÍODO GRIS?

Hay señales de que los artistas están haciéndose escuchar. Según el diario del Partido Comunista Granma, el ministro de Cultura dijo este mes que el decreto "será revisado (con los artistas) sobre la redacción de normas y contravenciones".

No tantos artistas bien establecidos que trabajan con instituciones estatales se manifestaron en contra del decreto, aunque les afecta también porque establece sanciones para cualquiera cuyo trabajo haga un mal uso de símbolos nacionales o incluya cierto contenido vinculado a la violencia o lenguaje sexista o vulgar.

El decreto establece acciones punitivas, como confiscación de bienes y multas, contra quienes vendan libros con "contenido que va contra valores éticos y culturales".

Algunos cubanos dicen que están de acuerdo con restablecer valores tradicionales y creen que, por ejemplo, el decreto limitará la proliferación de videos de reggaeton que reducen las mujeres a objetos sexuales.

Sin embargo, Amnistía Internacional ha advertido que el vago lenguaje del decreto permite que se use ampliamente para controlar el disenso.

"Será un doloroso retorno a un pasado gris, anticultural de censura", dijo Marco Castillo, un artista que fue parte del aclamado grupo Los Carpinteros hasta que fue desarmado este verano.

Castillo se refería a los "cinco años grises" de stalinización de la cultura a principios de la década de 1970, cuando La Habana perseguía a los artistas por una supuesta falta de compromiso con la revolución, una medida por la que más tarde pidió perdón.

El grupo de teatro de La Habana El Ciervo Encantado ha publicado un video en las redes sociales parodiando la perspectiva de una nueva clase de inspectores encargados de asegurar que los artistas se atengan a las reglas.

"¿Es esta una obra de arte?", pregunta la burócrata "Comandante Chela", al observar con una lupa un graffiti en el video. "¿O es esto simplemente un mal uso de propiedad social?", agrega levantando sus cejas y frunciendo los labios.