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Buscan castigar a amos por suciedad de mascotas en espacios públicos
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Deutsche Welle | 20 Marzo, 2017 - 14:44
Iniciativa nacida en Málaga, que también busca evitar el abandono animal, implica registrar el ADN de los perros para posteriormente perseguir a sus dueños.
Málaga obligará a los dueños de 100.000 perros a realizar pruebas de ADN a sus mascotas para la identificación de los excrementos animales en las calles.
Las autoridades registrarán la información genética de unos 100.000 perros. La orden también regula venta, correas, esterilización de perros y gatos y la entrada establecimientos públicos.
La ordenanza municipal establece el registro genético obligatorio para atacar "dos importantes problemas": el abandono de perros adultos y "la necesidad de mejorar el control de la presencia de excrementos en la vía pública, al poder localizar su origen".
La ciudad de medio millón de habitantes cuenta ya con un registro municipal de animales de compañía que incluye unos 100.000 canes.
Cada uno está identificado con un microchip cargado con diversos datos, al que se sumará ahora el perfil de ADN. Los dueños de los animales tendrán un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la ordenanza para acudir a un veterinario que tome la prueba de sangre. Los datos genéticos se incluirán también en una chapa identificativa que llevará el perro.
Málaga es la primera gran ciudad española en adoptar una medida que se ha aplicado ya con éxito en municipios menores. "Sabemos que se produce una bajada drástica de excrementos caninos en la calle", destacó el concejal de Sostenibilidad Medioambiental de la ciudad, Raúl Jiménez, citado en el diario "El País".
Está previsto que la norma aprobada hoy en la comisión de Sostenibilidad del Ayuntamiento con el voto de los conservadores del Partido Popular (PP), los socialistas del PSOE y los liberales de Ciudadanos reciba luz verde en el próximo pleno municipal.
El texto, apoyado también por asociaciones animalistas y veterinarios, incluye otras medidas en defensa de los perros, incluyendo la regulación de los espacios de venta de mascotas y de sus correas, la recomendación de esterilizar perros y gatos o la posibilidad de que accedan a cualquier establecimiento público.
