A menos de un mes de asumir su segundo mandato como presidente de Chile, Sebastián Piñera firmó un proyecto de ley de migración que apunta a reformar las condiciones de ingreso de extranjeros al país.

"Para que Chile siga siendo un país abierto y acogedor, tenemos y necesitamos una legislación migratoria moderna que esté a la altura de los más altos estándares internacionales y que se condiga con nuestra condición actual de país de oportunidades”, dijo después de firmar el proyecto.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno, "la institucionalidad migratoria no da abasto”. La razón: en 2014 había un poco más de 400.000 extranjeros en Chile y en 2017 la cifra "aumentó drásticamente a casi un millón”, lo que representa 5,5 % de la población del país. El ministerio resalta que de ese millón de extranjeros, 300 mil "se encuentran en situación irregular”.

Chile es visto desde afuera, y especialmente desde otros países latinoamericanos, como un destino idóneo para muchos migrantes que buscan mejores oportunidades económicas y de seguridad, e incluso para algunos que buscan asilo político. Hasta ahora es relativamente fácil emigrar al país sudamericano con solo solicitar el cambio de una visa de turismo por una visa temporal de residencia. La ley de Piñera, sin embargo, contempla que las solicitudes de visa para trabajar y residir en Chile sean tramitadas desde el país de origen.

Creciente inquietud 

Todavía no está claro si el decreto de Piñera supondrá una política migratoria más estricta y si Chile cerrará sus puertas a muchos extranjeros. "Chile ha sido, es y seguirá siendo un país abierto y acogedor con la inmigración”, se adelantó a decir Piñera, a la vez que destacó que la medida se enmarca en un derecho soberano de "normar la forma en que los extranjeros ingresan y permanecen en nuestro país”.

Sin embargo, el mandatario calificó la situación migratoria como "intolerable” y confesó que en el país "existe una creciente y justificada inquietud por la forma en que se está dando el proceso migratorio”. En tono de invitación, enfatizó que "ha llegado el momento de poner orden en este hogar que compartimos”.

Para Rodolfo Noriega, presidente de la organización Coordinadora Nacional de Inmigrantes, el proyecto de ley, de ser aprobado, significaría un cierre "categórico” de sus puertas a los inmigrantes. "La gente que vendría (a Chile) tiene que preocuparse. El sistema de visado consular en realidad es una restricción a la migración y obtener previamente una visa para venir, incluso en la categoría de turista, significa un retroceso increíble”, comentó a DW.

Noriega se refiere a la imposición de visa a los ciudadanos haitianos, quienes a partir del próximo 16 de abril deberán solicitar una visa de turismo que les permitirá permanecer en el país por 30 días. 

Para los venezolanos, la modernización de la ley contempla la creación de una "visa de responsabilidad democrática" que podrá ser solicitada solo en los consulados chilenos en Venezuela a partir del 16 de abril.

"La gente que venga como turista no va a tener la oportunidad de cambiar su estatus migratorio, por la tanto, los que lleguen a sortear la primera barrera de obtener esta visa de turismo, cuando vengan a Chile y pretendan obtener una de residencia, van a quedar en situación de irregularidad migratoria”, explica.

Regulación por decreto

El proyecto de ley de Piñera es una continuación de un proyecto que él mismo presentó en 2013, durante su primer mandato. Noriega indica a DW que la nueva solicitud "es simple y llanamente un reforzamiento a una decisión política que ellos tenían hace varios años. No son más que medidas de carácter cosmético”.

Asimismo, la reforma de la Ley de Migraciones incluiría elementos del proyecto migratorio que la anterior administración de Michelle Bachellet introdujo en 2017, lo que para Noriega indica que no habrá cambios sustanciales. "Tienen la misma base de que ellos pueden controlar la migración con medidas unilaterales que tome el Estado chileno; no entienden la migración como una relación que genera dos actores relevantes: el país receptor y el país emisor”.

El activista advierte que "los flujos migratorios no pueden regularse por decreto o por ley” y pone como ejemplo el "fracaso” que sufrieron Estados Unidos y la Unión Europea al intentar contener la migración de mexicanos, en el primer caso, y de africanos y sirios, en el segundo. "El mundo entero se ha dado cuenta de que la regularización de los flujos migratorios no es factible. Lo que corresponde es administrarla de mejor manera, a través de incentivos y estímulos para dirigirla, más allá de establecer restricciones que coarten el derecho fundamental a emigrar”, precisa.