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“Devolver a los familiares los restos de los desaparecidos es de justicia“
En España, las víctimas del franquismo siguen esperando conocer el paradero después de 80 años.
Más de 114.000 personas desaparecieron forzosamente durante la Guerra Civil española y la dictadura (1936-1975), por lo que España es el segundo país con más desaparecidos del mundo tras Camboya. En las primeras décadas en democracia, tanto los socialistas (PSOE) como los conservadores (PP) en España abogaron por la desmemoria. En 2007, 32 años después del fin de la dictadura española, se aprobó la Ley de Memoria Histórica, pero la situación de las familias de los desaparecidos sigue siendo en mucho casos la misma: siguen esperando poder recuperar los restos de sus allegados.
Mi familia, también. El paradero de mi abuelo, José Macías Sosa, Gran Canaria, es aún desconocido. No sabemos si su cuerpo recibió disparos, ni si sus restos descansan en una fosa, en un pozo o fueron lanzados al mar, como sucedió a muchos de los desaparecidos en las Islas Canarias. No hay testigos presenciales que puedan esclarecer lo sucedido y los agresores ya fallecieron. Solo hay testimonios orales de personas que oyeron ruidos inusuales, gritos y disparos a altas horas de la noche y de la madrugada entre 1936 y 1937.
Ochenta años después, los parientes nos encontramos ante un vacío informativo y emocional, además de la frustración causada por un gobierno que no ha colaborado, como se espera de un Estado en democracia, a la hora de facilitar el acceso al pasado político de nuestro país. Así, esas heridas del pasado, que el gobierno de España no quiere tocar pero que los familiares de los desaparecidos no pueden olvidar por amor y lealtad a ellos, no pueden cicatrizar. Tampoco se puede excluir la irresponsabilidad que supone privar a las próximas generaciones de jóvenes españoles de aprender a no repetir ese periodo trágico de la historia de su país.
Según José Juan Pestano, director técnico del Laboratorio de Genética Forense del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, “devolver a los familiares los restos de los desaparecidos es de justicia”. Para él, “el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria han dado ayudas puntuales para la localización, recuperación e identificación de los restos. Pero esta ayuda ha llegado por la incansable lucha de las asociaciones de familiares”, asegura.
Por otra parte, el Grupo de Trabajo de la ONU realizó una serie de recomendaciones a España ya en 2013 para que los allegados de las víctimas pudiesen encontrar a sus parientes, ya que hasta ahora “los familiares de las víctimas están librados a su propia suerte”.
Varios años después, dicha organización reconoce el hecho de que se hayan dado pocos pasos al respecto, pero sigue instando a España a darse prisa sobre todo debido a la gran cantidad de personas desaparecidas y a la edad avanzada de los hijos. También Amnistía Internacional resalta la pasividad del gobierno español con respecto a las fosas comunes: “No se puede llamar reconciliación a la decisión de abandonar los cadáveres de más de 100.000 personas en las cunetas“. Según el Ministerio de Justicia de España hay unas 2.500 fosas comunes, de las cuales el 10% ha desaparecido por construcción de edificios, calles, etc. Las regiones de Aragón, Andalucía y Asturias cuentan con el mayor número de fosas comunes de España. Hay aún más de 1.000 sin abrir (dato de 2017).
En las Islas Canarias desaparecieron alrededor de 500 personas. Solo se ha recuperado el 1%. Como en el resto de España, las familias y los voluntarios han sido los encargados de ejercer presión para que se abran las fosas, se exhumen y se identifiquen los restos, además de crear ellos mismos asociaciones para la memoria histórica. Ese fue el caso de Pino Sosa, quien creó la Asociación para la Memoria Histórica de Arucas (AMHA), en una pequeña ciudad de Gran Canaria, para luchar por la búsqueda de los restos de su padre. No tenía ni dos meses de edad cuando se lo llevaron de su casa por la fuerza. Hace tan solo unas semanas y después de 81 años, encontraron sus restos en una fosa común en dicha ciudad. Ahora ella tiene la certeza de que murió asesinado, pero con la tranquilidad de haberlo encontrado.
Sin embargo, hay familiares que “aún sienten miedo a ser señalados como hijos o familiares de los desaparecidos“. Pestano cuenta que recoge muestras de ADN “clandestinas“ de los allegados, donde nadie pueda reconocerlos, para que “nadie sepa que han dado muestras para la identificación de un desaparecido“. La represión durante la Guerra Civil y la posterior dictadura estigmatizó a muchos de los familiares, quienes hasta la actualidad tienen problemas para hablar abiertamente sobre el tema.
Mi familia no pierde la esperanza de encontrar a mi abuelo. Hallar sus restos y darles sepultura es la única manera de poder devolverle la dignidad que le arrebataron a la fuerza. Nadie se merece estar en una fosa común o en un pozo. Eso no es descansar en paz ni tampoco humano.
