Los músicos uruguayos están involucrados en un conflicto por los derechos de autor. En concreto, los vinculados con sus derechos como intérpretes y productores. Aunque la disputa viene de hace tiempo, a mediados de 2018 se conformó un frente que busca cambiar la legislación actual y llevar el plazo de cobro de esos derechos de 50 a 70 años desde el momento de la publicación de los discos.

Ya hay una generación de músicos, que incluye a Rubén Rada, Hugo Fattoruso, los Olimareños, y Larbanois & Carrero, además de los músicos más o menos conocidos que los acompañaron en las grabaciones de sus obras, que ya no están cobrando o que en breve dejarán de recibir el monto correspondiente a esos derechos; pero de su lado también están artistas de generaciones más jóvenes, como Jorge Nasser, Samantha Navarro, Gabriel Peluffo y Alejandro Spuntone.

Los músicos explican que 70 años es el plazo de expiración de los derechos en buena parte del mundo, como Europa, parte de América Latina –en Colombia son 80 y en México 100 años luego de la muerte del autor– y Estados Unidos. Y agregan que la extensión no significaría un costo para los contribuyentes ni para quienes pagan estos derechos (televisoras, radios y fiestas privadas, las actuaciones en vivo no cuentan).

Sin embargo, no todos los sectores involucrados están de acuerdo. ¿Por qué el tema ha generado división y no es tan sencillo como aparenta? Estas son las claves del asunto, uno de los conflictos políticos más importantes de la cultura uruguaya actual.

¿Cuál es la legislación en Uruguay?

La primera reglamentación sobre derechos de autor en el país data de 1912. Impulsada por Carlos Roxlo, se aprobó una ley que establecía parámetros para proteger la creación artística, basada en reglamentos y acuerdos internacionales. En 1937 se aprobó la Ley 9739, que dio derechos a autores, intérpretes y productores, y establecía un plazo de cobro de derechos durante la vida del autor y un plazo de 40 años luego de su muerte.

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En 2003 se aprobó la Ley 17616, que llevó ese plazo a 50 años y que rige actualmente, con algunas modificaciones leves. El primer conflicto existente es que hay dos interpretaciones de la ley. Según una de las lecturas, la que consideran los artistas y sus aliados, mientras que los autores cobran derechos durante toda su vida, y sus herederos hasta 50 años luego de su muerte, tanto intérpretes y productores como disqueras, lo hacen hasta 50 años luego de que esa obra se publicó.

La interpretación que hacen quienes abogan por que la ley siga como hasta ahora es que los intérpretes y productores también reciben su pago hasta 50 años luego de su muerte. En la sesión del 21 de agosto de este año de la comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores, el colorado José Amorín Batlle sugirió que se elaborara un artículo que aclare ese punto.

Desde 2013 se intenta llevar el plazo a 70 años. El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) planteó ese cambio en uno de los artículos de la rendición de cuentas, pero la oposición de algunos artistas y organizaciones llevó a que se retrocediera.

Ahora volvió a plantearse en el Parlamento. El senador Pablo Mieres, del Partido Independiente, presentó en febrero de este año un proyecto de ley que realiza esa modificación a la Ley 17.616, pero fue frenado por la bancada oficialista. Incluso su pedido de que fuera tratado como grave y urgente, apoyado por los senadores del Partido Nacional y el Partido Colorado, fue rechazado el 10 de setiembre, aunque eso no significa que el gobierno no pretenda modificar la legislación ni dar cabida al planteo de los artistas.

Mauricio Ubal, que combina las facetas de autor, intérprete y productor, como responsable del sello Ayuí, explicó a El Observador que luego de que se rechazó ese planteo de Mieres, han mantenido reuniones con distintos integrantes de la bancada del Frente Amplio. "Hemos tenido una reacción más positiva que antes, este tema ya se lo habíamos planteado antes y no lo habían tratado. Ahora se comprometieron a resolverlo y tratar de darle curso", contó. Entre las opciones está que se trate en diciembre, en febrero o en la próxima legislatura. "No entendemos por qué ha demorado tanto en resolverse, no es un gasto para el Estado y estamos rezagados con respecto al resto del mundo", dijo Ubal.

Los intérpretes cobran cerca del 10% de los ingresos por la ejecución de sus temas en radio, televisión, bailes y fiestas privadas, que los paga Sudei. Según publicó el diario El País, ese monto equivale a $ 1,7 millones cada seis meses, que se distribuyen entre los 4.500 socios de la institución.

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¿Quiénes quieren que se extienda el plazo y quiénes que se mantenga como está?

A favor de la extensión están los músicos e intérpretes ya mencionados, como Rada y Nasser, además de otros, como Mauricio Ubal. Junto a ellos están las organizaciones que nuclean a compositores, intérpretes y discográficas: la sociedad de autores, Agadu, el sindicato de intérpretes Sudei y la Cámara Uruguaya del Disco.

Enfrente están artistas de otras ramas, algunos sectores de la bancada oficialista, como Casa Grande y la organización Creative Commons Uruguay, que aboga por el acceso universal y libre a la cultura. En un comunicado en su sitio web del 18 de setiembre, explican su postura de la siguiente forma: “El aumento de plazos devolvería al dominio privado miles de obras y materiales culturales que hoy se encuentran en dominio público, afectando el derecho de acceso a la cultura y al conocimiento. Obras como las de Felisberto Hernández, Petrona Viera, Susana Soca, Justino Zavala Muniz, Julio Suárez (Peloduro), Lauro Ayestarán, Carmen Barradas, Carlos Vaz Ferreira o Juan José Morosoli se privatizarían y deberían ser borradas de Internet”.

Creative Commons recibe, según El País, apoyo de la Fundación Wikimedia y de Google. En su comparecencia ante la comisión de Educación y Cultura del Senado el 7 de agosto, Mauricio Ubal dijo: “Las empresas tecnológicas del mundo –Google, Amazon, Facebook– no quieren que se pague el derecho; ellas pelean, hacen lobby y las tenemos acá, en los pasillos, trabajando para eso. Vienen a hablar con los políticos porque no quieren que se pague. Ellas son, repito, las grandes interesadas en que no exista el derecho de autor, en bajarle el perfil, en romperlo; tienen el dinero del mundo y lo pueden hacer. Nosotros, los músicos de acá, las estamos peleando de a una y como podemos”.

Según Ubal, hay otras empresas multinacionales como Facebook y Microsoft que también apoyan a Creative Commons, cuyo objetivo, estableció, es "crear limitaciones a los derechos de autor. Y hay grupos dentro del Frente Amplio que responden a Creative Commons, es infame", dijo. Planteó como excepción a empresas como Spotify, que reconocen los derechos de los artistas y los pagan, pero afirmó que estas otras compañías "viven de la circulación de esas obras, pero no quieren pagar derechos, han perdido batallas en el resto del mundo por este tema, porque se termino lo de internet como espacio donde todo vale, vivmos en un mundo ultra capitalista, y hay que pagar".

En una entrevista con el semanario Brecha, Mariana Fossatti de Creative Commons Uruguay, consigna que la Cámara Uruguaya del Disco nuclea también a los representantes de las disqueras internacionales, que comienzan a perder sus recaudaciones por los trabajos de artistas extranjeros, incluyendo a algunos como Beatles y Rolling Stones, y que también presionan para lograr el cambio.

Rubén Rada, uno de los intérpretes que ya ve cómo sus primeras obras como solista han pasado al dominio público, manifiesta su molestia con esa postura. “Dicen que el arte y la cultura son de todos. Pero es mi trabajo. Con ese criterio podría ir y agarrar el sueldo de alguien, porque es de todos”.

Cuando en mayo de 2018 estos artistas anunciaron que impulsarían la reforma, Alejandro Spuntone dijo a El Observador: "La cultura no debería tener fecha de vencimiento, sobre todo para quien la crea. Yo entiendo que hay otras prioridades al momento de legislar. Es lógico que la cultura sea algo secundario, pero crea identidad para el país, y también tiene que ser protegida”.

El actor de teatro Roberto Jones, que se opone a la extensión a 70 años, explicó que por ejemplo impide el acceso a las obras de autores como Tennessee Williams, que en caso que haya que pagar los derechos de autor, son caros. Además de manifestar su rechazo a las "oficinas de recaudación", planteó una idea alternativa, a medio camino entre las dos posturas: "Que el derecho de autor sea vitalicio, pero que ante la muerte del creador, solo se extienda por 18 años, para que en el caso de que tuviera hijos menores, estos puedan estar cubiertos hasta ser mayores de edad".

A nivel legislativo, hay senadores y diputados que se encuentran a ambos lados de la disputa. De hecho, según el diputado del MPP Sebastián Sabini, con respecto a la extensión de los derechos la bancada oficialista tiene posturas encontradas entre quienes se oponen porque juzgan que limita el acceso a la cultura y quienes no. Algo curioso ocurre con el Consejo de Derechos de Autor del MEC, que tiene tres miembros en contra de la reforma y dos a favor.

Su presidenta, Silvia Pérez Díaz, explicó a El Observador que el consejo no ha tratado el tema, y aseguró que “la propiedad intelectual es un tema que merece un debate más profundo. La negativa del Senado no es un ‘no’ categórico. Si se va a ampliar el plazo hay que hacerlo de forma orgánica, porque es necesaria una actualización de la legislación. El proyecto de ley sigue su curso, y el tema se está discutiendo”, afirmó.

¿Qué pasa cuando se cumplen los 50 años?

La legislación uruguaya, la vigente desde 1937, tiene una cuestión particular a nivel mundial sobre cómo trata el tema de las obras que pasan al dominio público, luego de que se cumplen los plazos.

Se llama “dominio público pagante”, y establece que en lugar de dejarse de pagar los derechos de interpretación, estos son cobrados por el Estado, que los reinvierte en el acceso a la cultura. Actualmente ese dinero va a los Fondos Concursables para la Cultura, los fondos nacionales de la música y del teatro, entre otros.

Ubal, en el Parlamento, dijo: “No tiene sentido que en 10 años pierda los derechos de A redoblar  –este año cumple 40 años– si yo no le cobro a nadie y el Estado no tiene que pagarme nada especial. Es más: el Estado –el canal 5– no paga los derechos, por ejemplo”.

El músico dijo a El Observador que lo que pide su colectivo es "una legislación igual a la de todo el mundo. En el resto del mundo la ley es algo que se acomoda a todas las constituciones, en todos lados van juntos los derechos para todas las partes. Una grabación en dominio público no puede generar ganancia para intérpretes. En 2003 se agregó a la ley, medio de callado, para incluirlos, pero no quedó claro. Si vamos a defender la cultura uruguaya hay que defender esto".

¿Qué argumentos usan los artistas y organizaciones a favor de la extensión?

El primer argumento es biológico: la legislación debe cambiar para reflejar una cuestión obvia de la vida moderna, que, en promedio, la gente vive más. El razonamiento es que la extensión hasta los 50 años fue pensada en una época en la que la esperanza de vida era menor, pero que en 2019 no tiene sentido, porque si alguien grabó a los 20 años, a los 70 deja de cobrar y todavía puede tener unos cuantos años de vida por delante.

En segundo lugar, se plantea que Uruguay está quedando atrasado con respecto al resto del mundo. En 2018 se reactivó la discusión debido al anuncio de que el Mercosur firmaría un acuerdo con la Unión Europea, y que tanto ese grupo de países como el resto de miembros del mercado común marcan 70 años de plazo. La única excepción en la región es Bolivia, que, al igual que Uruguay, tiene el tope en 50.

El abogado de Agadu, Hugo Di Carlo, dijo a la comisión parlamentaria el 7 de agosto que la firma del acuerdo realizada este año establece que Uruguay deberá cambiar su legislación para “empatar” al resto de los países firmantes. “Es un requisito que en algún momento nos van a exigir. Tenemos colegas en el exterior con quienes intercambiamos información y sabemos que los países miembros de la Unión Europea nos van a hacer esa solicitud, esa imposición o nos van a plantear ese requerimiento”, dijo Di Carlo.

¿Qué argumentos usan quienes se oponen?

El comunicado de Creative Commons resume la postura contraria, que estipula que se limitará el acceso a determinadas obras que volverían del dominio público al privado, porque la extensión de la propiedad intelectual abarca otras áreas, además de la música, y que se rompería un equilibrio entre la protección a los autores y al público.

Como solución alternativa, se plantea: “Es necesario impulsar una regulación de los contratos de edición que prohíba los términos abusivos a los que se ven sometidos los artistas. Asimismo, es fundamental garantizar una seguridad social sólida para los artistas, que les permita tener cobertura de salud y una jubilación digna. No menos importante es garantizar la transparencia de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor, y disminuir sus altísimos descuentos administrativos”.

Ese argumento, cruzado con la distinción entre propiedad intelectual y propiedad privada, fue el eje de un intercambio entre Jorge Nasser, músico intérprete y prosecretario de Agadu, y la senadora Constanza Moreira en la comisión del Senado, según registran las actas de la reunión.

Nasser: “Si uno tiene la suerte de comprar una casa, no es propietario por el plazo de setenta años. Por eso me pregunto por qué se hace esa diferencia entre la propiedad intelectual y la propiedad privada. Creo que esa es una buena pregunta para nosotros los progresistas. Se puede decir que se trata del intangible, que recibimos todo esto del saber mundial, que es como un acopio. Al respecto hay dos bibliotecas: una incipiente que inventó Google y otra histórica europea que concede al creador la mayor protección”.

Moreira: “Entonces planteo –simplemente para chivear un poco–, ¿cuál es la diferencia entre una casa y la música del señor Nasser? Hay una diferencia divina para el autor: su música es pública y es un tesoro del mundo. Creo que esa es la diferencia”.

Otro argumento es que al extender el plazo de 50 a 70 años luego de la muerte del artista quienes se benefician son sus herederos y los intermediarios. Silvia Pérez Díaz, ante ese mismo organismo como presidenta del Consejo de Derechos de Autor del MEC (pero como el tema no se trató por el consejo, en realidad su postura es la de la ministra María Julia Muñoz), declaró: “Si hablamos de cincuenta o setenta años a partir de la muerte de la persona, las posibilidades de percibir rentas de impacto económico o las posibilidades de que esas obras sigan generando los mismos réditos económicos que cuando la persona las realizó son menores; hay estudios económicos a nivel internacional que así lo demuestran”.

Pérez Díaz también ponderó que la ampliación no plantea alternativas al financiamiento de los fondos públicos que reciben su dinero del dominio público pagante y señaló: “Hay estudios que demuestran que en nuestro país se escucha más música extranjera que nacional, por lo que el impacto del aumento del plazo se traducirá en dinero que se irá al extranjero y no en dinero que quede en nuestro país”.

La presidenta del Consejo planteó que se realicen estudios de impacto económico antes de plantear una modificación y que el acuerdo con la Unión Europea deja la posibilidad de que los plazos de derechos de autor sean por 50 años. “Se dejó ese margen porque, precisamente, con internet y el mundo digital, hoy en día no es una prioridad para la Unión Europea tener un plazo de protección de los setenta años”.