Artistas musicales como Andrés Calamaro y Adriana Baraj mostraron su apoyo al proyecto que busca legalizar el aborto en el país en un manifiesto que se presentó en la comisión parlamentaria que debate la iniciativa.

Mediante una carta, cantantes, compositoras y otros trabajadores del sector convocados por la entidad "Músicos Organizados" denuncian que los gobiernos son "los verdaderos promotores del aborto, defensores de la precarización laboral, de la opresión de las mujeres" y "los sostenedores de la violencia" hacia ellas.

"Exigimos a las cámaras legislativas del Congreso Nacional que aprueben el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito", reza el texto.

Desde el pasado 10 de abril, decenas de autoridades políticas, abogados, médicas, periodistas, activistas, escritoras, editores y otros referentes sociales y culturales de Argentina participan cada martes y jueves en la reunión de las comisiones de Legislación General, Salud Pública, Familia y Legislación Penal.

Los involucrados seguirán congregándose hasta finales de mayo para articular un proyecto definitivo y entregárselo a la Cámara de Diputados para su debate. Desde Músicos Organizados, también reclamaron la separación de la Iglesia y el Estado, al considerar a la primera "enemiga", junto al gobierno y dirigentes de las principales centrales sindicales, de la campaña a favor del aborto legal.

El manifiesto lleva también la firma de la pianista Adriana de los Santos, el músico y guitarrista Lito Epumer, la banda "Las Manos de Filippi" y la vocalista Patricia Barone. La organización realizará también acciones en la calle, festivales y marchas para mostrar su apoyo a la campaña por la legalización del aborto.

En el documento, consideraron al Estado "responsable de las muertes por aborto clandestino, de la falta de educación sexual en las escuelas y de la falta de métodos anticonceptivos" y denunciaron que "ajusta y precariza a los trabajadores, principalmente a las mujeres" mientras "subsidia a una institución plagada de curas abusadores, como es la Iglesia".

El Código Penal vigente desde 1921 en el país considera el aborto un delito, aunque contempla que "no es punible" en dos casos: cuando es necesario evitar un peligro para la salud de la mujer o cuando el embarazo es producto de una violación. El proyecto, que es la séptima vez que se presenta, establece que toda persona gestante tiene derecho a interrumpir su embarazo durante las primeras catorce semanas de gestación. Después de ese plazo, estaría permitido en los dos casos que contempla el Código Penal y, además, si existen malformaciones fetales graves.

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